El Gobierno está preparando la Orden de Tarifas del año 2017 y tiene que lidiar con tres elementos que empujan al alza la factura final.
Tres son los elementos que provocarán una subida de la luz el año que viene para los 28 millones de consumidores. Dos se corresponden con reveses judiciales y el tercero con la aplicación de la normativa:
1) Incremento del margen de comercialización de la tarifa regulada. Esta medida afectará a unos 15 millones de hogares y pequeños comercios, con menos de 10 kW contratados, que están acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), suministrado por las grandes eléctricas.
Éstas recurrieron al Tribunal Supremo el margen de comercialización que obtienen en la actualidad con este tipo de suministro, de 4 euros por kW contratado, y el Alto Tribunal les ha dado la razón, emplazando al Gobierno a subirlo para que no obtengan pérdidas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto que el margen crezca un 31%, hasta situarse en los 5,24 euros por kW, y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha calculado que, si se acepta esta propuesta, los hogares pagarán de cuatro a 10 euros más al año, según el tipo de tarifa que tengan.
El Gobierno, como anunció la semana pasada el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, está a punto de promulgar la medida.
2) Incremento de la retribución de las plantas de tratamiento de purines. Los purines son deyecciones de cerdo muy contaminantes que deben tratarse para que no contaminen suelos y acuíferos en zonas con muchas explotaciones porcinas. Unas centrales eléctricas especiales, de cogeneración, se encargan de secarlos para que sean inocuos.
Con la reforma eléctrica de hace tres años, el Gobierno redujo la retribución de estas centrales (29 en total) hasta un 40%, provocando su cierre. Los propietarios, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Sener, Ros Roca y EDF, entre otros, recurrieron al Tribunal Supremo, que les dio la razón, obligando al Gobierno a cambiar la legislación para subir sus ingresos hasta que obtengan la rentabilidad suficiente para operar y cumplir con su función de desimpacto ambiental.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) está trabajando en la nueva normativa, que debería aprobarse a finales de noviembre. No todas las plantas de tratamiento podrán reabrir (algunas se han desmantelado y otras exigen fuertes inversiones tras la inactividad) y su nueva retribución debería incrementar los peajes que sufragan todos los consumidores en torno a unos 200 millones de euros.
3) Devolución a las renovables y la cogeneración de 500 millones de euros. Entre 2014 y 2016, ambos inclusive, estas tecnologías han dejado de percibir unos 1.500 millones, y tienen derecho a que se les devuelva un tercio, unos 500 millones.
Esta regularización de ingresos también afectará a todos los consumidores, pero no de un modo relevante, dado que los pagos se laminarán durante el resto de la vida útil de las instalaciones, que son décadas en no pocos casos.
Las empresas también quieren que el Gobierno modifique una irreal expectativa de precio del mercado mayorista de la electricidad para la próxima década: en la normativa se fija 52 euros por MWh, mientras que los futuros auguran unos 10 euros por MWh menos.
Esta modificación afectaría a los ingresos actuales de las plantas y también empujaría al alza el recibo de la luz; ahora bien, su aplicación dependerá de la voluntad del Gobierno, porque la normativa no le obliga a cambiar la referida estimación de 52 euros por MWh. Y su impacto dependerá de la nueva estimación que llegara a aplicarse.
La luz no subirá o no subirá mucho. En cualquier caso, estas medidas deberían ser fácilmente absorbibles por el sistema eléctrico, que experimenta superávit desde hace dos años. Y eso sin contar con que se haga alquimia tarifaria en el caso de que las cuentas sean difíciles de cuadrar para evitar que suba la parte regulada de las facturas.